La recién anunciada Plataforma Única de Identidad presentada como solución para combatir la desaparición forzada en México ha generado tanto expectativas como alarmas entre especialistas, activistas y ciudadanía. ¿La razón? La creación de una CURP Biométrica obligatoria que concentrará información personal y biométrica de toda la población mexicana, desde huellas digitales hasta reconocimiento facial, en una sola base de datos administrada por la Secretaría de Gobernación.
¿Qué es la CURP Biométrica?
Este nuevo documento de identificación oficial reemplazará a la credencial del INE para la mayoría de los trámites públicos y privados. La CURP Biométrica incluirá nombre, fotografía, huellas dactilares, fecha de nacimiento y otros datos sensibles, vinculados a una sola identidad nacional digital.
Aunque el gobierno asegura que su objetivo es agilizar la búsqueda de personas desaparecidas —problema crítico en México con más de 100 mil casos no resueltos—, organizaciones civiles advierten que una centralización de datos tan masiva podría derivar en prácticas de vigilancia excesiva, persecución a grupos vulnerables o filtraciones peligrosas, en un país sin protocolos sólidos de ciberseguridad.
¿Quiénes se ven más afectados?
Si bien el trámite será gratuito y según autoridades, obligatorio para todas y todos los mexicanos, no todos están en igualdad de condiciones para cumplir con esta exigencia. De acuerdo con la encuesta ENDUTIH 2024, al menos el 16.9 % de la población no tiene acceso a internet, cifra que se eleva al 35.5 % en zonas rurales. Esto significa que millones podrían quedar excluidos de servicios básicos simplemente por no poder registrar su CURP biométrica.
Además, sectores como comunidades indígenas, migrantes, personas trans, periodistas o defensores de derechos humanos —que dependen de mantener cierto anonimato por razones de seguridad— podrían enfrentarse a un escenario de exposición y riesgo sin precedentes.
¿Multas millonarias?
Aunque no habrá sanciones económicas para ciudadanos que no tramiten su CURP biométrica, las dependencias públicas que no estén preparadas para implementarla sí podrían enfrentar multas de hasta 2 millones de pesos. También serán sancionadas las instituciones que usen indebidamente esta información, aunque no se ha detallado con claridad cómo se garantizará esa protección.
¿Avance o retroceso?
El diseño actual de la CURP Biométrica deja más preguntas que certezas. ¿Quién podrá acceder legalmente a estos datos? ¿Cómo se protegerán contra hackeos o filtraciones? ¿Qué garantías tendrán los ciudadanos para proteger su privacidad?
Si no se responde a estas dudas de forma clara y transparente, el proyecto corre el riesgo de convertirse en un nuevo motivo de desconfianza hacia las instituciones, y en una herramienta que, lejos de ayudar a encontrar a los desaparecidos, termine por poner en riesgo a los vivos.